La
seguridad alimentaria y la nutrición
Food security and nutrition
José
Flores Céspedes, Max
Gomero Gomero, Gonzalo
Borda Pérez Albela
y Pedro A. Cáceres
Delgado
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Lima, Perú.
Recibido: 08–11–2018
Revisado: 14–03–2019
Aceptado: 16–05–2019 Publicado: 25 – 05 - 2019
RESUMEN
En el artículo se hace una
revisión de diferentes documentos de la FAO Organización de las Naciones Unidas
donde se aborda la seguridad alimentaria y la educación para la nutrición
enfocado en el mundo, Latinoamérica y especialmente a nuestro país.
También se analizan la propuesta de cambios y esquemas para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición por las
Naciones Unidas. En esta parte, se muestra los trabajos y avances producto del esfuerzo del Estado Peruano
por dar una orientación y criterios de solución a la
problemática generada en estos asuntos.
Finalmente, se analiza cómo la
ética se hace presente en la problemática de la seguridad alimentaria y la
nutrición desde el enfoque de diversos actores, y qué acciones y posturas
basadas en la ética deben ser las más idóneas
en una realidad relacionada a estos temas que
no deja de ser muy compleja.
Palabras clave: Seguridad
alimentaria, nutrición, conflicto, actores, ética.
ABSTRACT
In this article, a review is made of different documents of the FAO Organization of the United Nations which addresses food security and education for nutrition focused
on the world, Latin America and especially our country.
Also, it studies the proposal for changes and schemes to improve food security and nutrition
by the United Nations. In this part, it shows the works and advances
product of the effort of the
Peruvian State to give an orientation and
criteria of solution to the problematic generated in these subjects.
Finally, it is analyzed how ethics becomes
present in the problem of food security and nutrition from
the approach of diverse actors, and what actions and positions based on ethics
should be the most suitable in a reality
related to these
issues that do not It stops being
very complex.
Keywords: Food security, nutrition, conflict, actors,
ethical.
INTRODUCCIÓN
Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre
Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la seguridad alimentaria “existe
cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y
económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus
necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias, para llevar una
vida activa y sana”.
La seguridad alimentaria se basa
en cuatro pilares: La disponibilidad física de alimentos, el acceso económico y físico
a alimentos, la utilización apropiada y sana de alimentos y la estabilidad de estos factores
en el tiempo (Maletta, 2003).
El número de personas
subalimentadas en el mundo aumentó
hasta los 815 millones en 2016, en comparación con los 777 millones de 2015.
Además, se calcula que la
prevalencia de la subalimentación
aumentó hasta el 11 % en 2016. La cifra sigue siendo inferior a los 900
millones de personas subalimentadas registradas en el año 2000 y el porcentaje está todavía muy por debajo del nivel alcanzado hace un decenio (Borton
y Nichols, 2004).
Sin embargo, su reciente aumento es motivo de gran preocupación y plantea
un reto significativo
en relación con los compromisos
internacionales de acabar
con el hambre para 2030.
Todavía no está claro si el
reciente incremento de los niveles de hambre e inseguridad alimentaria indica
el comienzo de una tendencia ascendente, o si refleja una situación transitoria
grave, teniendo en cuenta
que el ritmo de disminución en los niveles de subalimentación se ha visto frenado
significativamente desde 2010.
Estas
noticias tan
graves llegan en un año en que
se ha declarado una hambruna
en un país (Sudán del Sur) y
se han identificado varias situaciones
de crisis en cuanto a la inseguridad alimentaria que corren el riesgo de convertirse en hambrunas en varios países como Nigeria,
Somalia y Yemen (FAO, FIDA y PMA., 2012).
La situación de la seguridad
alimentaria ha empeorado visiblemente en varias zonas de África subsahariana y
el Asia sudoriental y occidental.
Se ha observado un empeoramiento
sobre todo en las situaciones de conflicto, a menudo
agravadas por la sequía o inundaciones vinculadas en parte al fenómeno El Niño
(Ferradas, 2000).
A lo largo del último decenio, el
número de conflictos violentos en todo el mundo ha aumentado considerablemente, afectando en mayor medida a las comunidades rurales.
El aumento de los conflictos
conlleva, como consecuencia, una mayor inseguridad alimentaria, lo que a su vez
fomenta la aparición de nuevos focos de violencia y crea
conflictos adicionales. (Menezes, 2001).
La situación también ha empeorado
en algunos entornos pacíficos, sobre todo aquellos afectados por la
desaceleración económica.
En los últimos años, una serie de
países que dependenengran medida
de las exportaciones de productos básicos ha sufrido una drástica
disminución de sus ingresos fiscales y de las exportaciones, lo que ha afectado
tanto a la disponibilidad de alimentos,
debido a la menor capacidad de importación, como al acceso
a los mismos, por la reducción de las posibilidades que ofrecen las políticas fiscales para proteger
a los hogares
pobres frente al alza de los precios
internos de los alimentos.
El análisis de la seguridad
alimentaria y nutricional, sus riesgos y vulnerabilidades no son un tema nuevo en América Latina
y el Caribe. (FAO, FIDA y PMA.,2012).
En las últimas décadas, se han
alcanzado importantes logros en la calidad
de vida de la población.
La pobreza extrema se ha reducido significativamente y han progresado otros índices relativos a salud,
educación y vivienda.
Esto, asociado a avances en la
aplicación de políticas sociales e incremento de recursos para hacer
frente a la crisis internacional y su impacto en
los alimentos.
Sin embargo, persisten importantes brechas y nuevas
necesidades que imponen crecientes desafíos a la política social.
Los problemas de la calidad
nutricional y de acceso a una
alimentación sana siguen siendo una preocupación prioritaria para los gobiernos
de la región, en especial ahora que nuestros países enfrentan no solo serias
realidades de desnutrición, sino también de obesidad y mala alimentación
(Drewnowski y Darmon, 2005).
Aun cuando hay suficiente disponibilidad de alimentos en los países de
la región, existen zonas con
dificultades de acceso para
cubrir sus requerimientos nutricionales
básicos y en
muchos casos la calidad
nutricional es deficitaria.
Al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad crecen día a día entre la misma
población vulnerable (Finkelstein et al.,2009).
Las crisis internacionales, el
desgaste del suelo y la intensidad de los fenómenos naturales están afectando a
los países y, en consecuencia, a su producción de alimentos y acceso a bajos
costos.
Esto obliga a acelerar una
profunda transformación para lograr una seguridad alimentaria que sea
ecológica, económica, social y culturalmente apropiada.
Los países andinos no están ajenos
a esta situación. A pesar
de los avances registrados
en los últimos años, mantienen elevados índices de subnutrición y desnutrición crónica infantil, que aquejan a la población más pobre.
Mientras que, al igual que como ha
ocurrido en otros países de la región, crecen los problemas de malnutrición por
exceso de peso y sus consecuencias.
En base a lo descrito, se evidencia
un total desinterés de los Estados, principalmente en el liderazgo que debe ejercer
los gobernantes, al consensuar políticas públicas prioritarias en favor de la seguridad alimentaria y nutrición de sus habitantes lo que implica también buscar
nuevos espacios de colaboración interinstitucional y regional (Garcia,
2014).
SITUACIÓN DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL PERÚ
En el Perú, la desnutrición
infantil y la deficiencia de micronutrientes siguen siendo los principales problemas de nutrición.
En los menores de 5 años, la
desnutrición crónica es del 25 %, el 50 % padece
de anemia y el 11 % manifiesta deficiencia de la vitamin A. La anemia se considera un daño nutricional que se encuentra a nivel
nacional dentro de los diferentes estratos socioeconómicos, principalmente
afecta al 43,5% de niños menores de 3 años, al 32 % en mujeres en edad fértil
y en gestantes se eleva
al 50 % de mujeres (Salcedo
et al., 2003).
La desnutrición crónica
está asociada a la pobreza. El 35 % de
los niños menores de 5 años de hogares en pobreza extrema padecen de desnutrición crónica, comparado
con el 13 % de los niños que no son pobres. Sin embargo, estos índices
también esconden grandes diferencias entre grupos
socioeconómicos tanto en ámbitos urbanos como rurales.
La desnutrición crónica está
también asociada al bajo nivel de instrucción de la madre: el 50 % de niños desnutridos son hijos
de madres sin instrucción.
La edad de la madre
al nacimiento del primer
hijo constituye también
un determinante de la
salud y nutrición materna e infantil.
En el país, el 13 % de las mujeres de 15 a 19
años ya son madres o están gestando por primera vez. Esta situación de
desnutrición coexiste con problemas de sobrepeso y obesidad que alcanza a un 35
% y 9 % de mujeres en edad
fértil (Salcedo et al., 2003).
Los desórdenes por deficiencia de
yodo como problema de salud pública han sido controlados, sin
embargo, se requiereasegurar y reforzar las estrategias propiciadas desde el
Ministerio de Salud para evitar
retrocesos.
Alrededor del tema alimentario hay
dos conceptos distintos que dan sustento a políticas diferentes: seguridad
alimentaria y soberanía alimentaria.
Este último parte de una perspectiva desde la
economía política: toma en consideración a los actores que intervienen en el
sistema alimentario global, en particular las transnacionales de la
alimentación, de las semillas y de los insumos
para la agricultura.
Estos actores, que controlan gran
parte del sistema alimentario, serían
los que realmente obstaculizan la posibilidad de
que toda la población del mundo, independientemente de sus niveles de ingreso,
pueda acceder a alimentos saludables.
Por lo demás, los acuerdos
comerciales bilaterales y multilaterales impedirían que los Estados sean
realmente soberanos en la definición de políticas en una materia tan importante como la alimentación.
Lograr la soberanía alimentaria es un objetivo esquivo, como lo muestran los
países que la han incorporado en la legislación, pero que no encuentran las condiciones políticas, sociales ni económicas para
implementarla.
A pesar de estos hechos, mucho queda aún por hacer. No es improbable que la reducción de la desnutrición se detenga o
se revierta ante un panorama
económico complicado.
De hecho, la anemia ha repuntado
recientemente.
El sobrepeso y la obesidad, que favorecen el desarrollo de enfermedades no transmisibles,
aqueja a un creciente porcentaje de niños, niñas, jóvenes y mujeres,
sobre todo.
La resistencia de intereses de la industria
alimentaria y la debilidad de los entes estatales concernidos han contribuido a
la parálisis de la implementación de las normas que promueven la buena
alimentación.
- Plan Bicentenario: Eje Estratégico 2: Oportunidades y Acceso a
los Servicios Menciona que, en materia de seguridad alimentaria, debemos
solucionar el déficit calórico de la población, que es del orden del 30,1 % en la población general y del
42,5 % en la población rural; y asimismo, erradicar la desnutrición crónica.
El Plan Bicentenario considera lograr para el año
2021 una nutrición adecuada de infantes y madres gestantes y reducir al
mínimo la tasa de desnutrición crónica infantil y la tasa de
anemia de las mujeres en edad fértil.
Programas sociales
En definitiva, todo “Programa social” parte de
la realidad nacional de un país, en efecto, se basa en el diagnóstico de
los problemas más profundos que
aquejan a dicha sociedad,
y la posición o forma en que pretende
enfrentar un gobierno,
respecto a que hacer y de qué manera, concibiendo un visión de futuro desde una dimensión
social.
Sin embargo, toda dimensión social, tiene muchas variables asociadas, pero
estas deben siempre estar enmarcadas dentro de un marco ético.
Tom L. Beauchamp y James F. Childress, basados en
el Informe Belmont, sistematizaron a
partir de los avances en ética y bioética, cuatro principios que deben normar las acciones sociales de todo gobierno:
1. Principio de Beneficencia: obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y
suprimiendo prejuicios (hacer el bien).
2. Principio de No Maleficencia: abstenerse intencionadamente de realizar
acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros (no hacer el mal).
3. Principio de Autonomía: la autonomía expresa la capacidad para
darse normas o reglas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas.
4. Principio de
Justicia: tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de
disminuir las situaciones de desigualdad (ideológica, social, cultural, económica,
etc.).
Estos cuatro principios solo son factibles
en sociedades con contextos sociales amplios (sociedades con pobreza crónica, paupérrima educación,
deficiente asistencia
de la salud, etc.) en este
caso, no solo se utilizarán para categorizar estos
factores, sino que servirán
como una forma de valoración del efecto positivo o negativo que se esté
generando por las acciones del estado.
Se hace muy difícil profundizar en
conceptos como “Desarrollo o Programas Sociales” sin pensar en que sean la
razón de las actividades encaminadas hacia estos propósitos.
Asimismo, esta razón de ser no
puede estar en otra parte que no sea en la dimensión ética de las reflexiones;
entonces nos preguntamos ¿Por qué existe el anhelo de generar programas que
generen desarrollo socialmente sostenible?; o ¿cuáles son los beneficios, argumentos o justificaciones que dan
la razón para perseguir estos objetivos?
Existen dos posturas éticas que
justifican la existencia de un programa
social: la postura ética “Naturalista” (lo que
satisface los intereses propios de nuestra naturaleza animal) de Richard
B. Brandt y la postura “consecuencialista” (una acción se juzga buena si genera
el mayor bien posible o un excedente de la cantidad de bien sobre
el) de Jeremy Bentham; ambas posturas justifican la existencia de programas
en favor a personas,
grupos o poblaciones en condiciones de vulnerabilidad respecto de sus congéneres.
La razón principal radica en que,
debido a la importancia y su impacto en la sociedad, en ocasiones no se toma
en cuenta que es importante hacer una reflexión que nos
muestre si existe una congruencia entre nuestras creencias, principios éticos y
nuestras acciones.
Por otro lado, una reflexión de esta naturaleza es necesaria para reducir el
daño potencial que podrían estar infringiendo
aquellas políticas sociales carentes de un planteamiento
congruente y sólido (muchas veces los gobiernos
solo buscan protagonismo electoral en
los programas sociales).
Desde la óptica “Naturalista”,
todos los seres humanos nacemos
con las mismas características esenciales, como lo son la razón
y la libertad,
dichas características nos confieren
una posición especial en la naturaleza, en la cual nos toca desenvolvernos en base a las características que posee la naturaleza
en un mundo prestablecido (Murphy, 2008),
de esta manera es posible dar un sentido
trascendente a los principios y valores deducidos a partir de tomar como un principio la existencia
de un mundo dado (realismo),
y un ser humano en esencia
racional; en nuestro país, lo racional en políticas
públicas y especialmente en programas sociales, se basan en la pobreza
y pobreza extrema, como fuente
ética para sustentar los presupuestos,
las formas y métodos de llevarlos a la
práctica, son en esencia efímeras, solo buscan la notoriedad y popularidad de
la gestión del gobierno de turno, disfrazadas de, bondad,
justicia y sobre todo en igualdad, en donde se justifica
también como un acto de caridad o amor al prójimo, en donde el hombre es un fin
en sí mismo.
Desde la óptica
“Consecuencialista”, se sostiene la iniciativa por atender a las personas o
poblaciones en condiciones vulnerables, incluso el Estado Peruano ha creado un
ministerio que defiende a estas poblaciones.
Desde esta posición, no existen los elementos
necesarios que fundamenten el principio de que: “el mundo es una entidad
prestablecida y el hombre posee características trascendentales innatas
como la libertad o la razón” (Wittgenstein, 2003).
De esta manera, los fundamentos
éticos tradicionales quedan en tela de juicio. Los principios de la razón
y la libertad pasan a ser
fenómenos que se ubican en un plano
espacio temporal, y sólo quedan concebidos como “Construcciones
lingüísticas contingentes, producto del discurso sociocultural” (Fillion,2005), pero lo más grave es que
quedan con consecuencias prácticas en la estructura social y política de la
sociedad peruana.
Finalmente,
podemos advertir que la ética
se forma a través
de los acuerdos o consensos en que se llegan, como producto de las posturas que propongan los gobiernos y sobre
todo en lo que las personas consideran la mejor forma de
vida posible para todos, actuar por y para las
personas y los grupos vulnerables.
Esto nos lleva a comprender las razones
fundamentales por las cuáles deben abordarse los problemas sociales de las
personas en condiciones de vulnerabilidad, y no perder de vista la importancia
de la ética en el planteamiento y la visión que busca en la comprensión y las
propuestas de solución que los gobiernos emprenden a través de los programas
sociales, sobre todo
describiéndolos en detalle sus contenidos (de los programas sociales) en razón
a la sustentabilidad.
DEFINICIÓN DE UN
PROGRAMA SOCIAL
Cuando se define un “Programa” cualquiera, nos referimos a un listado de
temas, a
algo planificado, al anticipo de algo que se proyecta.
Cuando de refiere a un programa
de carácter social, nos
referimos al adjetivo que califica
a aquello que está vinculado a una sociedad (grupo humano que interactúan y comparten una misma cultura).
Un programa social “es una iniciativa,
destinada a mejorar las condiciones de vida de una población vulnerable”.
En principio, un programa social
se entiende que está
orientado a toda
la sociedad o, por lo menos, dirigido a un sector importante de la población, aquella que tiene ciertas necesidades aún no
satisfechas; normalmente casi todos los programas sociales son desarrollados por el Estado,
que tiene como función
constitucional atender las necesidades de todas las personas del
país, en razón a este mandato, puede instaurar
y poner en ejecución planes que busquen garantizar el acceso a la
educación, el cuidado de la salud así como iniciativas para combatir la desnutrición infantil de las zonas
más vulnerables.
Hoy en día, muchas ciudades del
mundo tienen muchos programas sociales y de lo más variados, algunos pensados
en impulsar la obtención de una vivienda digna, otras pensadas en la educación, alimentación, etc.
Es allí donde nacen los
ofrecimientos electoreros a los que recurren comúnmente
lospartidospolíticos,diagramandoprogramas sociales generalmente “Asistencialistas” y no de “Desarrollo Humano”.
En abril de este año, el Instituto Nacional
de Estadística (INEI) publicó el informe oficial sobre la evolución de
la pobreza monetaria. Ha habido mucha crítica y reproche sobre sus
resultados, de los medios de prensa y varios sectores de la sociedad
civil.
El interés público se centró en el incremento de la pobreza monetaria de 20,7
% a 21,7 %, especialmente, en el aumento de ciudadanos
en condición de pobreza en la capital del país, este informe del INEI, ha
tenido como efecto colocar a la pobreza y a las políticas orientadas a superarla en un lugar
importante en la agenda
pública, bien por el país.
Sin embargo, es necesario
reflexionar sobre la calidad del
debate público respecto a estos asuntos,
especialmente nos referimos a los “programas
sociales”, los cuales mucho se critica a un gobierno, pero pocos entienden la razón
de su existencia, sobre todo desde la óptica de la ética social.
En medio de esta controversia
podemos comentar sobre los
programas sociales de varias
maneras: Registro presupuestal, que busca el incremento de recursos en los
sectores, el costo-beneficio de la inversión social y especialmente su
focalización, es decir, que los
programas lleguen a quienes realmente los necesitan; resultados técnicos,
indicadores y metas que se deben alcanzar; las denuncias, normalmente los
programas sociales terminan en las portadas
de los diarios o noticieros
cuando están en problemas o están enfrentando una crisis en su implementación.
La calidad de la inversión social,
del mismo modo genera sesgos muy presentes en el debate público, es normal que
se refieran a los programas sociales como a una masa homogénea, sin reconocer
sus diferencias a nivel de diseño,
implementación y evaluación.
También no es correcto poner al
mismo nivel o comparar a un programa claramente asistencialista como es el Vaso
de Leche (PVL), sobre el cual pesa
mucha evidencia sobre su ineficacia, ineficiencia y altos índices de corrupción
con otros programas sociales técnicamente más sólidos, que tienen resultados
positivos y espacios de mejora continua, identificados a través de evaluaciones
con instrumentos cuantitativos y cualitativo, como por ejemplo
el programa “Juntos” basados
en aprendizajes acumulados en dos décadas.
Existen sectores de la opinión
pública que tratan de usar los programas sociales como chivo expiatorio por el aumento
de la pobreza,cuando en realidad debe quedar claro que si bien los
programas sociales cumplen un rol importante para los hogares que sufren la
pobreza más severa de nuestra sociedad, ya que ninguna persona saldrá de la pobreza solo porque el estado intervino a
través de estos programas.
Los indicadores que mayor
relevancia tienen: el
crecimiento económico, el aumento del empleo y el incremento de la inversión
pública y privada, son y serán componentes fundamentales de la agenda
de reducción de la
pobreza del Perú que plantea
el gobierno.
No menos importante es la
percepción de la sociedad a la que van dirigidos los programas
sociales, los problemas de los programas sociales, muchas veces porque
no se ajustan a las problemáticas o no llegan
a donde deben, incluso porque se alteran los
resultados que se divulgan, que sobre la
forma como contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en
situación de pobreza en costa, sierra y selva, pero para comprender mejor,
es necesario recorrer
el Perú y conocer
los diferentes contextos de implementación de estos programas sociales,
escuchar y convivir con los usuarios finales.
Por ejemplo, en muchos lugares del
país como las zonas alejadas de la Amazonía, estos programas sociales han
servido para llevar por primera vez servicios públicos a ciudadanos, que
largamente han estado olvidados por el estado peruano.
Entonces nos preguntamos: ¿Deben
los programas sociales mejorar?, respuesta: Claro que sí, no son perfectos y
siempre serán perfectibles, pero cualquier intento por fortalecerlos o
mejorarlos, deberá estar basado en evidencias contundentes y no solo en buenas intenciones, para elevar elnivel de debate público sobre las
políticas de progreso de la pobreza, se requiere un conocimiento profundo de
las cifras, pero también conocimiento en el terreno, sobre los efectos
(positivos y negativos) de los programas sociales.
Además, se requiere urgente superar los
grandes prejuicios que tiene la sociedad peruana de los programas sociales
(normalmente conocidos como ociosos y dependientes del Estado), los cuales no
solo reflejan desconocimiento, sino también las profundas distancias o
diferencias culturales que caracterizan a la sociedad
peruana.
CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN EL PERÚ:
INCLUYENDO ASPECTOS ÉTICOS
El Perú ha conceptualizado
y ha hecho suyo la tendencia
global de que hoy por hoy la seguridad nacional y sus acciones deben no
solo estar relacionados a la protección
del Estado y asegurar su propia
existencia, sino también en el
primer deber que tiene todo país como es el de garantizar la protección y seguridad de la persona humana, es decir, la seguridad de todos los ciudadanos
de una nación.
Este último concepto se amplía a la concepción
de muchos países de proteger a sus ciudadanos inclusive en cualquier parte del
mundo como por ejemplo, los Estados Unidos de América.
Bajo este enfoque, la seguridad alimentaria es
una de las siete dimensiones que según la Organización de las Naciones Unidas
comprende la seguridad humana, junto
con la seguridad económica, de la salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y política.
Ahora bien, qué concepción se
tiene en el Perú de estos temas, es sólo una situación de mejorar estadísticas
como la tasa de desnutrición y anemia infantil o es un concepto que va más allá de tratar de mejorar
el presente.
Esto es lo que vamos a referir en los párrafos siguientes.
La Política de Seguridad y Defensa Nacional; así como el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional Plan Bicentenario hacen
referencia a la preocupación del Estado peruano por la promoción de la seguridad alimentaria y la
nutrición como lo hemos ya mencionado párrafos
anteriores.
De acuerdo con lo descrito en el
Plan Bicentenario, el Perú no tiene seguridad alimentaria.
Más allá de las estadísticas,
todos podemos percibir esta situación.
Basta ver las distintas realidades
de la pobreza en nuestro país para visualizar el difícil acceso a muchas
poblaciones que en muchos casos realiza actividades agrícolas y de ganadería para su propia subsistencia y
también la incapacidad del Estado
peruano.
Es a toda luz visible
con su inoperancia en los trabajos en el campo como
son los programas alimentarios, donde
no solamente se puede
visualizar que los alimentos no llegan a los más necesitados sino que para
agravar esta situación, es muy
mal distribuida y los
receptores muchas veces no son parte de la población vulnerable a quien
debe estar dirigida la ayuda social
del Estado.
Para tratar esta problemática y
plantear soluciones adecuadas, primeramente es importante que hagamos un
contraste entre los conceptos que propone las Naciones Unidas y lo que se busca y se hace en nuestro
país.
Esta Organización internacional
propone una comprensión integrada de la seguridad alimentaria y la nutrición
buscando dos fines fundamentales:
erradicar el hambre y prevenir cualquier forma de malnutrición en el
2030.
Este enfoque tiene en cuenta todos
los aspectos relacionados a la seguridad alimentaria como los del fenómeno climático que afecta la producción de
alimentos, los conflictos que
hacen cada vez más difícil obtener los
alimentos, el acceso a los servicios básico de calidad que ahondan el hambre y
la presentación de enfermedades y limitación en las capacidades humanas por falta de alimentos de calidad para
el desarrollo humano.
Para ello, se deben evaluar nuevos
métodos de trabajo como señala este documento.
Las Naciones Unidas plantean un
tema muy interesante de trabajo, el mismo que está relacionado a la protección social y se afirma
que “si se diseñan debidamente, los sistemas de protección social pueden ayudar
a reducir la brecha que se
abre con frecuencia entre las respuestas de la ayuda humanitaria de emergencia y el apoyo al desarrollo”.
Lo más importante de este concepto
es que los programas sociales deben
estar orientados a proteger
los efectos de las crisis a los hogares más pobres o más
vulnerables en el corto plazo.
Pero, luego de esta etapa, debe
buscar fomentar inversiones o autosostenerse de tal
manera que sirva para mejorar la resiliencia
de estos grupos.
La pregunta es: ¿este concepto se
aplica a nuestra realidad? ¿Cómo son los programas sociales en nuestro país?
Según lo investigado y la experiencia de haber
escuchado y leído alguna información sobre el tema que confesamos no ha sido plenamente discutido en las aulas académicas
castrenses nos permite afirmar que el desarrollo de los programas sociales ha
significado más un paliativo a la presentación de necesidades, sobretodo en
situaciones de emergencia como desastres naturales, donde se acopia muchos
alimentos no perecibles que se distribuyen irregularmente entre las familias damnificadas, que algo sostenido
en el tiempo y que permite ser autosostenible.
Pueden existir casos esporádicos de este tipo de programas sociales como el programa de Vaso de Leche, que incorpora el
auspicio privado y la organización
comunal para sus sostenibilidad, el mismo que pese a esto no ha quedado exento de críticas y de
reportajes periodísticos sobre la población que recibe este beneficio que implica el h
Entonces, los programas
sociales en el Perú, no pasan
de ser soluciones de corto plazo a convertirse en programas sostenibles
como lo sugiere la ONU y
además, se vuelven generalmente muy limitados por los escasos recursos económicos que se le asignan los
que poco a poco “asfixian” el programa
y también no va de la mano con el desarrollo de actividades
agrícolas, ganaderas u otros relacionados con la actividad
económica que pueda generar alimentos nutritivos
y característicos de cada
región de nuestro diversidad.
Es importante que tratemos la
ética. Se ha afirmado que un comportamiento es ético“cuando contribuye al
desarrollo de las cualidades propias del ser humano o, lo que es lo mismo, cuando hace al individuo mejor persona, cuando su calidad humana
crece”. Indudablemente, lo primero que tenemos
que alcanzar es lograr que las personas del aparato estatal que administran y laboran en estos programas sean muy éticas y
sobre todo interioricen la importancia altruista de apoyo a estas poblaciones
muy necesitadas que ven un gran bienestar en recibir estos programas
alimentarios del Estado.
La ética implica
que exista una autoexigencia
por alcanzar la eficiencia de estos programas basada en la elaboración de los
productos alimenticios de alta calidad nutritiva; el debido registro y control
de las personas beneficiadas corroborando su condición de extrema pobreza
o de estar verdaderamente
en la población objetivo de estos programas sociales; la adecuada revisión
de los insumos que servirán para la elaboración de los productos alimenticios; velar por la mejora de la
infraestructura y la higiene de los utensilios que se utilizarán para la
distribución de alimentos; incentivar los buenos hábitos de higiene y limpieza
en la población beneficiaria;
promover y considerar que los insumos
deben ser las típicas
de la región, entre otros.
El otro planteamiento de las Naciones Unidas
tiene que ver con los problemas de obesidad que son también parte también del trabajo para mejorar la seguridad alimentaria está referido a que “Hoy, muchos niños están creciendo en
entornos “generadores de obesidad” que fomentan preferencias alimentarias no
saludables y pautas de actividad física inadecuadas, lo que a su vez conduce a
un aumento del peso y a la obesidad. Los desequilibrios energéticos se derivan
de los cambios en la disponibilidad, la accesibilidad y la comercialización de alimentos altamente procesados con un
elevado contenido de azúcares y grasas, a menudo combinados con una disminución
de la actividad física debido
a modos de vida
más sedentarios”. (FAO, FIDA, OMS,
PMA y UNICEF, 2017, p.9).
Según la información aparecida en los
diarios, en Perú, el sobrepeso y obesidad
en niños entre los
5 y 9 años alcanza
el 24,6 % de la población, es decir, 1 de cada 4 menores
ya presenta una
acumulación excesiva
de grasa en su cuerpo.
Entre los niños de 0 a 5 años, la
situación también es preocupante, pues la obesidad y el sobrepeso afectan
al 7,6 % de esa población,
lo que significa que, a su corta edad, 1 de cada 10 pequeños ya tiene un
problema de peso. Ante esto:
¿el Estado debe
intervenir en un asunto que
puede parecer solo un tema familiar o de cuidado personal?
El gobierno peruano publicó, el
año 2017, a más de cuatro años de que la norma fuera promulgada, el reglamento
de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (Ley N° 30021) o “Ley de la
Comida Chatarra”, de los que se destaca la obligación a las empresas a
modificar el etiquetado de sus productos.
Según los expertos, los productos
que superen los parámetros establecidos sobre el contenido de azúcar, sodio
y grasas saturadas tendrán una advertencia en el empaque
y en las propagandas.
Este reglamento también regula la
comercialización de los productos en los quioscos y comedores escolares.
Estos brindarán alimentos y
bebidas saludables conforme a los estándares que establece el Ministerio de
Salud (MINSA).